Certificación sin exclusiones: cómo preparar a los pequeños productores, artesanos y comunidades para nuevos mercados

Las certificaciones desempeñan un papel importante en las cadenas de producción. Pueden reforzar la confianza entre proveedores y compradores, respaldar los procesos de cumplimiento normativo, organizar las prácticas de producción y facilitar el acceso a determinados mercados.

Sin embargo, hay un reto que cobra relevancia cuando observamos la realidad de los pequeños productores, los agricultores familiares, los artesanos, las cooperativas y las comunidades tradicionales: ¿cómo ampliar los niveles de exigencia y credibilidad de las cadenas sin convertir la propia certificación en una barrera de entrada? La cuestión no radica en rebajar los estándares ni en flexibilizar los requisitos esenciales, sino en reconocer que los diferentes actores parten de estructuras, recursos y niveles de madurez muy distintos.

Para muchos pequeños productores, las dificultades comienzan incluso antes del proceso de certificación. Lo primero es comprender el sistema. Certificación, acreditación, auditoría, verificación, declaración de conformidad, organismo certificador, cadena de custodia, diligencia debida, norma voluntaria y requisito reglamentario son conceptos habituales para los profesionales del cumplimiento normativo y del comercio internacional, pero pueden estar muy alejados de la realidad de quienes se dedican exclusivamente a la producción. Entonces surge una pregunta aparentemente sencilla: «¿qué certificación necesito?».

Sin embargo, la respuesta puede depender del sector, del producto, de la materia prima, del proceso de producción, del país de origen, del mercado de destino e incluso de los requisitos particulares de un comprador. En algunos casos, existe una obligación reglamentaria; en otros, la certificación es voluntaria, pero relevante desde el punto de vista comercial. También hay situaciones en las que no se requiere ninguna certificación específica, pero es necesario presentar determinados documentos, pruebas o declaraciones.

Esta complejidad pone de manifiesto una importante asimetría de información. Una gran empresa puede contratar a consultoras, contar con equipos jurídicos, estar al día de la normativa internacional y disponer de departamentos dedicados a la calidad, la sostenibilidad y el cumplimiento normativo. Un pequeño productor puede verse obligado a tomar las mismas decisiones sin disponer de ninguna de estas estructuras. Por lo tanto, cuando nos limitamos a decir que un proveedor concreto tiene que «obtener la certificación», podemos estar imponiendo un requisito sin ofrecer una vía para cumplirlo.

Democratizar el acceso a la certificación empieza por democratizar la comprensión de la misma: explicar qué se necesita, por qué es necesario, quién puede llevar a cabo el proceso, qué pruebas se exigirán, cuánto tiempo puede llevar y qué pasos hay que seguir.

Tras la información, surge un segundo obstáculo: el coste de la adaptación. La certificación puede implicar cambios en los procesos, la organización documental, auditorías, asistencia técnica, tecnología, formación, desplazamientos, controles adicionales y el mantenimiento periódico de los requisitos. Estas inversiones pueden aportar beneficios importantes, pero su impacto no es proporcionalmente el mismo para todos.

En el caso de las organizaciones más grandes, determinados costes se integran en la estructura operativa. Para una pequeña empresa o comunidad, pueden representar una parte significativa de los ingresos disponibles. Por lo tanto, el reto no debería consistir en elegir entre rigor e inclusión, sino en encontrar mecanismos que permitan mantener la credibilidad de las normas y, al mismo tiempo, crear las condiciones necesarias para que los actores más pequeños puedan evolucionar hasta alcanzarlas.

Hay otro aspecto fundamental: la falta de documentación estructurada no implica necesariamente la falta de conocimientos, buenas prácticas o responsabilidad. Un artesano puede conocer a fondo una fibra natural, su origen y las técnicas adecuadas para trabajarla.

Una comunidad puede poseer conocimientos acumulados a lo largo de generaciones sobre un territorio determinado. Un agricultor familiar puede comprender los ciclos productivos, las condiciones climáticas y las características del suelo sin haber plasmado nunca esos conocimientos en un informe técnico. El problema surge cuando esa información debe circular por los sistemas formales del mercado. Lo que la comunidad conoce debe, en determinadas situaciones, convertirse en registros, documentos y pruebas que puedan ser comprendidos por compradores, auditores, organismos de certificación y otros actores de la cadena.

Es en este punto donde la tecnología y la inclusión deben ir de la mano. La digitalización no puede significar simplemente trasladar al pequeño productor la responsabilidad de rellenar sistemas cada vez más complejos. Una solución verdaderamente inclusiva debe tener en cuenta la conectividad, el lenguaje, la formación, la experiencia digital y la disponibilidad de asistencia.

En algunos contextos, un centro de orientación o de asistencia técnica puede ser tan importante como la propia plataforma. La tecnología debe reducir la distancia entre la realidad productiva y los sistemas formales de cumplimiento normativo, y no crear una nueva barrera para quienes ya se enfrentan a limitaciones de acceso a la información, al crédito y a las infraestructuras.

También es importante reconocer que la certificación no debe evaluarse únicamente en función de su coste. Cuando se aplican correctamente, los procesos de adecuación pueden generar beneficios de gestión, mejorar los controles, organizar la documentación, ampliar el conocimiento sobre la propia cadena de suministro y fortalecer la relación con los compradores.

En el caso de las pequeñas empresas familiares, la revalorización de la actividad y la mejora de las perspectivas económicas pueden incluso contribuir a crear mejores condiciones para la continuidad del oficio de una generación a otra. Sin embargo, esta relación no es automática: la sucesión familiar depende de los ingresos, las oportunidades, las infraestructuras, la identidad y otros muchos factores. La certificación puede contribuir a crear ese entorno, pero no debe presentarse como una garantía de continuidad.

La dimensión económica también debe formar parte del debate. Una cadena de suministro respetuosa con el medio ambiente no es necesariamente sostenible si las personas que la mantienen se encuentran en una situación económica vulnerable. Es necesario tener en cuenta unos ingresos dignos, una remuneración adecuada, el acceso a los mercados y la capacidad de negociación.

Una comunidad puede cumplir con excelentes estándares medioambientales y, aun así, seguir dependiendo en gran medida de un único comprador. En este contexto, existe una fragilidad evidente: si ese comprador reduce la demanda o pone fin a la relación comercial, toda la cadena puede verse afectada. Diversificar los mercados, ampliar la visibilidad y crear nuevas conexiones comerciales son también formas de fomentar la resiliencia.

Por eso, quizá debamos pasar de un simple «diccionario de certificaciones» a un proceso inteligente de preparación. Imaginemos a un pequeño productor que indica qué produce, dónde lo produce y a qué mercado pretende venderlo. A partir de esa información, un sistema podría ayudarle a comprender qué requisitos pueden ser aplicables, cuáles son obligatorios o voluntarios, qué certificaciones tienen sentido para esa categoría, qué organismos participan en el proceso, qué documentos ya están disponibles y qué pruebas aún hay que recabar.

En lugar de presentar decenas de siglas y normas, la tecnología podría traducir esa complejidad en un único proceso: producto → sector → territorio → mercado de destino → requisito → evidencia → conformidad → certificación, cuando sea necesario → preparación para el mercado.

Esta perspectiva también ayuda a replantear la propia trazabilidad. Registrar el origen es importante, pero organizar de forma progresiva la información sobre productores, materiales, procesos, lotes, territorios y documentos puede ayudar a construir una base de pruebas incluso antes de que surja un requisito específico. Cuando llega el momento de solicitar una certificación, responder a una auditoría o evaluar un nuevo mercado, parte de la historia del producto ya está estructurada. El proceso deja de empezar desde cero cada vez que surge una nueva demanda.

Desde esta perspectiva, SUIDChain trabaja con la identidad digital de los productos. La propuesta no consiste en certificar lo que corresponde a los organismos competentes, ni en sustituir las auditorías o los procesos de acreditación. Se trata de contribuir a organizar el origen, el territorio, la autoría, los materiales, los procesos, los lotes, los documentos y las pruebas, creando una estructura que pueda seguir al producto a lo largo de su trayectoria y respaldar su preparación para diferentes necesidades y mercados.

Quizá el futuro de la certificación inclusiva no radique en exigir menos, sino en preparar mejor. Sigue siendo necesario establecer normas rigurosas, pero es igualmente importante tender puentes para que los pequeños productores, los artesanos y las comunidades puedan comprenderlas, aportar pruebas y evolucionar dentro de esos sistemas.

Porque la sostenibilidad no debería significar seleccionar únicamente a aquellos que ya cuentan con los recursos para demostrarla. El reto consiste en crear mecanismos que permitan identificar, estructurar, verificar, mejorar y reconocer las buenas prácticas, de modo que un mayor número de actores esté preparado para participar en cadenas de producción cada vez más transparentes y en mercados cada vez más exigentes.